El último gran terremoto que azotó Lima, la capital de Perú, ocurrió en 1746, resultando en un tsunami devastador que cobró la vida de aproximadamente una décima parte de los 50,000 residentes de la ciudad en ese entonces. Hoy, con una población que supera los 10 millones, Lima enfrenta la amenaza latente de otro gran evento sísmico, potencialmente alcanzando una magnitud de 8.8, según Carlos Zavala, director del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID). Tal terremoto se clasificaría entre los 10 más poderosos jamás registrados.
A pesar de su precaria ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, sísmicamente volátil, Lima permanece lamentablemente sin preparación para un gran terremoto y un posible tsunami. Los legisladores peruanos han ignorado constantemente las advertencias de los científicos sobre la inevitabilidad de tal desastre. Cuando ocurra el “gran terremoto”, Perú corre el riesgo de convertirse en un claro ejemplo de cómo la gobernanza ineficaz puede exacerbar las devastadoras consecuencias de los desastres naturales.
Los expertos estiman que un asombroso 80 por ciento de las viviendas de Lima carecen de la supervisión arquitectónica, de ingeniería y regulatoria adecuada. Esta construcción informal generalizada de viviendas representa una amenaza significativa para la seguridad de la vida. Un estudio de 2009 del Centro de Estudios y Prevención de Desastres proyectó que un gran terremoto podría resultar en hasta 51,000 muertes, 686,000 heridos y el colapso de 200,000 hogares. Un estudio más reciente de 2017 del Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú estimó que las muertes podrían alcanzar las 110,000, superando potencialmente el número de muertos del catastrófico terremoto de magnitud 7.8 que devastó Turquía y Siria en febrero.
Si bien Perú experimenta terremotos frecuentes, incluidos los mortales como el terremoto de 2007 al sur de Lima que cobró 595 vidas y el terremoto de Ancash de 1970 que enterró pueblos enteros, matando a 70,000 personas, un evento sísmico importante centrado en o cerca de Lima eclipsaría estas tragedias.
El Congreso peruano, plagado de un índice de desaprobación del 90 por ciento y acusaciones de corrupción e ineficiencia, ha ignorado en gran medida la necesidad urgente de una mejor preparación para desastres. Los legisladores parecen preocupados por desmantelar las instituciones democráticas y protegerse de las investigaciones de corrupción en lugar de abordar la amenaza inminente de un terremoto y tsunami catastróficos.
La presidenta peruana, Dina Boluarte, que enfrenta un índice de desaprobación del 84 por ciento, es percibida como deudora de los legisladores. Habiendo ascendido a la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo, Boluarte parece enfocada en mantener el poder hasta las elecciones de 2026, priorizando la supervivencia política sobre la preparación proactiva para desastres.
A medida que la crisis política de Perú se profundiza, la inevitabilidad de un gran terremoto se acerca. Expertos como Marcial Blondet, profesor de ingeniería especializado en construcción sísmica, expresan una sensación de impotencia, enfatizando la urgente necesidad de acción social para mitigar las consecuencias potencialmente catastróficas.
Desde los incendios forestales de Grecia hasta las devastadoras inundaciones de Libia, las fallas de gobernanza han amplificado demostrablemente el impacto de los desastres naturales. Sin embargo, la inminente amenaza de terremoto y tsunami para Lima se destaca por su clara previsibilidad y la falta de preparación adecuada.
Los expertos recomiendan priorizar tres áreas políticas clave: hacer cumplir los códigos de construcción sísmica para nuevas construcciones, implementar modificaciones rentables para fortalecer las estructuras existentes (como zonas seguras reforzadas y mallas protectoras para edificios de adobe vulnerables) y prepararse para las secuelas asegurando la capacidad hospitalaria adecuada, asegurando suministros de agua y alimentos, y reforzando las capacidades de respuesta a emergencias.
Más allá de la amenaza inmediata de terremoto, Perú enfrenta una creciente gama de desafíos relacionados con el cambio climático, incluidas las sequías andinas, la amenaza inminente de El Niño y el potencial de deslizamientos de tierra devastadores. El fracaso del estado peruano para abordar estos riesgos se debe no solo a la corrupción política, sino también a la disfunción generalizada en la gobernanza local, ejemplificada por el gasto mínimo en la preparación para El Niño a pesar de los amplios fondos asignados. La falta de participación de los funcionarios locales, evidenciada por la escasa asistencia a un evento reciente de preparación para terremotos, subraya aún más los desafíos sistémicos que obstaculizan la preparación eficaz para desastres. Zavala destaca el problema generalizado de que personas no calificadas son nombradas para puestos críticos de gestión de desastres debido al nepotismo y la corrupción.
La vulnerabilidad geográfica de Lima, caracterizada por un suelo blando que amplifica las ondas sísmicas y las empinadas laderas andinas propensas a deslizamientos de tierra, exacerba los riesgos que plantea un gran terremoto. Sin embargo, sin una reforma política significativa y un compromiso con la preparación eficaz para desastres, el número de muertos por el inevitable “gran terremoto” se magnificará trágicamente por la negligencia humana.